El Gobierno está preparando una normativa para prohibir el uso de grandes simios –gorilas, chimpancés, bonobos y orangutanes– en las investigaciones científicas y reducir los experimentos con el resto de animales, según ha avanzado hoy la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, después del Consejo de Ministros.
El reglamento, que aún está en proceso de discusión y será aprobado "en las próximas semanas", prevé mejorar el bienestar de los animales y obligar a los investigadores a buscar fórmulas alternativas siempre que sea posible.
Los grandes simios son los mamíferos más parecidos a los humanos y, aunque de facto solo se usan raramente en la investigación, los defensores del bienestar animal celebran que se normalice su protección. "Es muy raro encontrar un experimento con un gran simio más allá de la puramente observacional", explica Francisco Garrido, portavoz de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales, que impulsó un proyecto para la defensa de estos mamíferos en 2004.
Garrido, profesor de Bioética en la Universidad de Jaén, cree que la prohibición se debería extender al resto de animales porque, a su parecer, no plantea problemas ni científicos ni económicos. "Es éticamente inaceptable y científicamente poco fiable", apunta para recordar el aceite de colza al que habían sobrevivido los simios en el laboratorio, acabó siendo tóxico para los humanos en los años 90.
El Consejo de Ministros ha aprobado además la modificación de la normativa vigente sobre cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. Santamaría ha explicado que esta nueva legislación promoverá medidas para equilibrar la actividad investigadora y el bienestar animal.
El nuevo Proyecto de Ley ampliará el ámbito de aplicación de las actuales normas de protección, que ahora se limitaba a animales vertebrados, de forma que se extenderá a determinados invertebrados, como los cefalópodos, y a determinadas formas fetales de los mamíferos, consecuencia de la nueva legislación europea en materia de protección de los animales de experimentación, que incluye a estos animales entre los que deben ser objeto de protección, en particular, en el ámbito de la experimentación y otros fines científicos.
También se establecen normas de actuación de las Administraciones competentes para la autorización de los proyectos de experimentación u otros fines científicos en los que se utilicen animales, puesto que la nueva legislación europea prevé la necesidad de autorización de todos aquellos procedimientos en los que se utilicen animales y se fijan disposiciones específicas para regular cómo debe entenderse el silencio administrativo cuando se solicite dicha autorización.
